Niños

Abg. Gabriel Velásquez Reyes

gabriel128196@gmail.com


Los niños/as históricamente han sido probablemente las personas más afectadas por las diferencias y problemas existentes en el mundo, como son los conflictos armados, la violencia, intolerancia y la falta de protección familiar. Por tal razón, las diferentes organizaciones internacionales encargadas de velar por la protección de los derechos del hombre, han creído conveniente crear organismos que se ocupen especialmente de los niños, para poder brindarles una mayor seguridad de vida y garantía de derechos fundamentales.

Este componente humano como parte del grupo de atención prioritaria debe ser tratado como tal, asegurándose por parte del Estado el ejercicio pleno de sus derechos, los cuales prevalecerán sobre los de las demás personas; así mismo, con la aplicabilidad de esta disposición constitucional se obtiene un desarrollo integral a favor de las niñas, niños y adolescentes, conllevando a la efectiva vigencia de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad entre los cuales constan: derecho a la integridad física y psíquica, salud integral y nutrición, a la educación, al deporte y recreación; a la seguridad social, a tener una familia, a la participación social, al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten, entre otros.

Es deber del Estado definir y ejecutar políticas, planes y/o programas que apoyen a la familia, con el objetivo principal de fortalecer el adecuado desarrollo del menor, destacando dentro de esta acción la participación directa de los padres como obligación compartida en lo concerniente al respeto, protección y cuidado de los niños. En este aspecto, es oportuno resaltar que se deben de erradicar todas las formas de acoso, discriminación o violencia contra este grupo vulnerable, siendo oportuno determinar el mejoramiento de la orientación profesional o social con la finalidad de respaldar las iniciativas adoptadas por el gobierno, considerando los preceptos legales establecidos en la Constitución de la República, Convención sobre los Derechos del Niño y Código de la Niñez y Adolescencia, en otras palabras, las decisiones judiciales en las que se encuentren niños, niñas y adolescentes se deben orientar, dirigir y dictar en atención al principio del interés superior del niño, para conseguir satisfacer completamente el mandato de prioridad de los intereses de los niños, garantizado en nuestro Estado constitucional de derechos y justicia.

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